Actuaciones

El Reglamento (UE) 2021/241, de 12 de febrero, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) dispone que los estados miembros, en su condición de beneficiarios o prestatarios de fondos en el marco del Mecanismo, adoptarán todas las medidas adecuadas para proteger los intereses financieros de la Unión y para velar por que la utilización de los fondos en relación con las medidas financiadas por el Mecanismo se ajuste al Derecho aplicable de la Unión y nacional, en particular en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.

En cumplimiento de este mandato y, más concretamente, de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en su condición de entidad ejecutora dentro del PRTR, ha elaborado, el Plan de Medidas Antifraude de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, aprobado por el Consejo de Gobierno con fecha 8 de febrero de 2022. El contenido de este documento es de aplicación a todos los órganos directivos, unidades y personas intervinientes en la gestión y control de los subproyectos y actuaciones aprobados en el ámbito autonómico dentro de los distintos Componentes y Medidas del PRTR; y en el mismo se expone su estrategia de integridad pública y medidas de lucha contra el fraude.

La citada Orden HFP/1030/2021 y, en su cumplimiento, el apartado 4 del también citado Plan de Medidas Antifraude de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, obligan a los Órganos Gestores, que en el caso de las Comunidades Autónomas son las Secretarías Generales de cada Consejería, a realizar una evaluación específica del riesgo, impacto y probabilidad de riesgo de fraude, en el ámbito de gestión de los Órganos Ejecutores que se encuentren bajo su competencia, y a difundir y velar porque se apliquen todas las medidas específicas de prevención, detección, corrección y persecución en el marco de la ejecución de los subproyectos y actuaciones financiadas con fondos MRR. Estas medidas específicas son las que se recogen en el Plan Específico de Medidas Antifraude de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, aprobado por la Secretaría General de la citada Consejería. Su objeto es concretar en su ámbito de gestión las principales acciones que deben adoptarse para evitar el mal uso o el fraude en los recursos financieros del PRTR. Este plan específico será de aplicación exclusivamente a las actuaciones que lleve a cabo la Consejería para la ejecución de los fondos del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia, dentro de sus competencias y el mismo se configura como un instrumento vivo y flexible, en la medida en que se podrá ir modificando conforme puedan dictarse instrucciones, normativa o guías para la elaboración de estos planes de medidas antifraude, y estará en continua revisión con el conocimiento adquirido en su implementación para perfeccionar las actuaciones planteadas en la lucha contra el fraude.

Con el Decreto 71/2020, de 9 de noviembre, por el que se regula en Castilla-La Mancha la venta directa de productos ligados a la explotación agraria, se pretende establecer las condiciones para que se desarrolle la venta directa de productos agrarios, con el fin de apoyar y promover las cadenas de suministro de alimentos gestionadas por las personas dedicadas a la agricultura y la ganadería.

De esta forma, se quiere conseguir una relación más directa entre las personas que producen y las que consumen, estableciendo canales cortos de comercialización y mejorando la renta de las personas que se dedican a la producción primaria.

El Registro de Explotaciones de Venta Directa es un registro administrativo de carácter público y único, con el fin de inscribir los datos correspondientes a las explotaciones que realizan venta directa de sus productos ofreciendo, al mismo tiempo, a quienes consumen la garantía de la información que contiene.

ACCESO A LOS DATOS DEL REGISTRO DE VENTA DIRECTA

https://registroventadirecta.castillalamancha.es/

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El 21 de septiembre de 2021, mediante acuerdo del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha, se aprobó el decreto de creación del Observatorio de Precios de la cadena agroalimentaria de la región.

El Observatorio de Precios se configura como un órgano colegiado de naturaleza administrativa, con funciones de seguimiento, consulta, asesoramiento, información y estudio en materia de precios de la cadena agroalimentaria.

En el mismo están representados, además de la Administración, todos los eslabones del sector agroalimentario, así como las lonjas existentes en Castilla-La Mancha y la Universidad de Castilla-La Mancha.

Este Observatorio de Precios tiene como objetivo principal dotar de mayor transparencia al sector agroalimentario de la región, favoreciendo el conocimiento de los factores que contribuyen a la formación de los precios de sus sectores representativos, servirá de apoyo a la toma de decisiones en el desarrollo de las políticas relativas a la cadena agroalimentaria en Castilla-La Mancha y realizará actuaciones de investigación y documentación, así como el establecimiento de un sistema de información que permita el adecuado conocimiento, análisis técnico, seguimiento y evolución de los precios en la cadena agroalimentaria.

El Observatorio de Precios desempeñará las siguientes funciones:

a) Analizar la estructura básica de los precios y los factores causantes de su evolución, así como de los costes de producción en los productos agrarios de mayor importancia en el sector productivo de Castilla-La Mancha

b) Realizar estudios e investigaciones que permitan un mejor conocimiento de los diversos factores que contribuyen a la formación de los precios de la cadena agroalimentaria.

c) Realizar estudios encaminados a establecer un seguimiento sistemático de la formación de los precios de los productos agrarios en origen.

d) Actuar como órgano permanente de recogida y análisis de la información disponible en diferentes fuentes locales, autonómicas, nacionales e internacionales sobre precios.

e) Fomentar y promover la mayor racionalidad y transparencia posibles en el proceso de formación de precios de los productos agroalimentarios.

f) Fomentar y promover encuentros entre representantes del sector productor, el transformador, comercializador y las personas consumidoras, entre sí y con la Administración pública, para facilitar el conocimiento del proceso de formación de los precios.

g) Publicar y difundir los materiales que a través de los diferentes estudios e investigaciones se vayan generando.

h) Elaborar informes técnicos y dictámenes en materia de precios de la cadena agroalimentaria.

i) Elaborar un informe anual que se recoja las principales actuaciones del Observatorio de Precios durante un año.

j) Proporcionar y difundir entre la sociedad castellano manchega información sobre precios de la cadena agroalimentaria.

Entre los objetivos de la Política Agrícola Común (PAC) se encuentran los de estabilizar los mercados, garantizar la seguridad de los abastecimientos y asegurar a las personas consumidoras suministros a precios razonables. La concesión de una ayuda comunitaria mediante un programa de consumo de fruta, hortalizas y leche en las escuelas tiene por objeto contribuir a alcanzar esos objetivos. Además, con la aplicación de este programa se pretende incrementar el consumo de fruta entre la población en edad escolar y mejorar el conocimiento de la agricultura y la ganadería por parte del alumnado.

A nivel nacional, el Real Decreto 511/2017, de 22 de mayo, modificado por el Real Decreto 452/2019, de 19 de julio, desarrolla la aplicación en España de la normativa de la Unión Europea en relación con el programa escolar de consumo de frutas, hortalizas y leche.

El programa abarca el período 2017-2023 basado en la “Estrategia española para la aplicación del programa escolar de frutas, hortalizas y leche desde el curso escolar 2017/2018 hasta el 2022/2023”.

En Castilla-La Mancha, la implantación y desarrollo del programa se realiza de forma coordinada entre la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural y la Consejería de Sanidad.

Se han desarrollado los siguientes programas:

• Programa de consumo de frutas, hortalizas y leche curso 2017/2018
• Programa de consumo de frutas, hortalizas y leche curso 2018/2019
• Programa de consumo de frutas, hortalizas y leche curso 2019/2020
• Programa de consumo de frutas, hortalizas y leche curso 2020/2021
• Programa de consumo de frutas, hortalizas y leche curso 2021/2022

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Las cámaras agrarias se han configurado históricamente, y casi desde su inicio, como entidades creadas por el poder público para la consecución de fines de interés general, asumiendo, en fase temprana de su historia, el carácter de corporaciones de Derecho Público que mantendrán hasta la actualidad.

23/1986, de 24 de diciembre, por la que se establecen las bases del régimen jurídico de las Cámaras Agrarias, cuyo artículo 6 exigía expresamente que en cada provincia existiera una Cámara Agraria con ese ámbito territorial, a pesar de que esta norma en su artículo 5 prohibía que las cámaras agrarias asumiesen funciones de representación, reivindicación y negociación en defensa de intereses `profesionales y socioeconómicos de los agricultores y ganaderos, cuestiones que corresponden a las organizaciones profesionales constituidas libremente.

No obstante, mediante la Ley 18/2005, de 30 de septiembre, por la que se deroga la Ley 23/1986, de 24 de diciembre, se establecen las bases del régimen jurídico de las Cámaras Agrarias, desapareciendo de nuestro ordenamiento jurídico la exigencia de que en cada provincia española exista una cámara agraria provincial, facultando a las comunidades autónomas que hayan asumido competencias en la materia a suprimir, si lo consideran pertinente, las cámaras agrarias existentes en su territorio. Extremo éste que han llevado a cabo ya varias comunidades autónomas del Estado.

Es, por tanto, uno de los objetos de la norma declarar extinguidas las cámaras agrarias provinciales de Castilla-La Mancha, regular el procedimiento de liquidación de su patrimonio y el destino del mismo, integrándose en el patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y adscribiéndose a la Consejería que ostente competencias en materia agraria para su aplicación a fines y servicios de interés general agrario del ámbito territorial de Castilla-La Mancha, incluyendo entre tales beneficios los de desarrollo rural, en cumplimiento de la disposición adicional única de la citada Ley 18/2005, de 30 de septiembre, que estable que el patrimonio de las extintas Cámaras Agrarias se ha de destinar a fines y servicios de interés general agrario.

Ha de destacarse que la norma no se agota con la culminación del proceso de liquidación ya que prevé la posibilidad de que con posterioridad a este proceso aparecieren bienes, derechos u obligaciones de que hubieren sido titulares las corporaciones extintas, determinando que se aplicará a los mismos el procedimiento de liquidación y adscripción recogido en la presente ley.

Por otra parte, se ha puesto de manifiesto durante la tramitación del anteproyecto de extinción de las Cámaras Agrarias provinciales la necesidad de introducir también el régimen jurídico para dejar sin efecto otras tutelas administrativas contempladas en la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, texto aprobado por Decreto 118/1973, de 12 de enero, que tienen su origen en la política de colonización llevada a cabo tanto por el Instituto Nacional de Colonización como posteriormente por el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario,( IRYDA) en aquellos territorios más desfavorecidos y que incluyó, entre sus objetivos, por un lado la creación de huertos familiares destinados al cultivo de productos hortícolas para su consumo directo por las familias campesinas. Y, por otro lado, la creación de las explotaciones agrarias familiares o comunitarias a las que se refieren los artículos 21 y siguientes del Decreto 118/1973, de 12 de enero, por el que se aprueba el Texto de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario.

“Meat Attraction” es una feria del sector cárnico, que se celebra anualmente en Madrid. Teniendo en cuenta que la industria cárnica es uno de los principales sectores productores y exportadores de nuestro país, Meat Attraction es la feria que da respuesta a las necesidades específicas de los profesionales del sector cárnico, tratándose de un encuentro especializado donde las empresas cárnicas presentan sus productos a la distribución y al sector Horeca nacional e internacional, junto con proveedores de equipamiento y soluciones específicas para el sector.

El subsector cárnico es, por cifra de negocio, el más importante en porcentaje, y el que más empleo genera, de toda la industria agroalimentaria de Castilla-La Mancha. Además, también es el que más materias primas demanda para poder llevar a cabo su actividad y el subsector al que corresponde mayor volumen de ventas de la Comunidad Autónoma. Por ello, es preciso fomentar la participación de las empresas cárnicas de nuestra región a este evento internacional.

Con el fin de promover la participación de las empresas de Castilla-La Mancha en esta feria, la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural convoca anualmente ayudas para participar en ella, en virtud de Orden de 27 de febrero de 2015, de la Consejería de Agricultura, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de mínimis, de ayudas en especie para la participación agrupada en el stand que contratará la Consejería de Agricultura para la asistencia a las ferias del sector agroalimentario.

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La feria agroalimentaria “Organic Food Iberia” es una feria internacional en España y Portugal mediante la que se refleja la gran importancia de esta región en la escena ecológica internacional y en la que se reúne a cientos de expositores y marcas ecológicas de las industrias agroalimentarias.

La feria agroalimentaria “Organic Food Iberia” es una feria internacional de celebración anual, que tiene lugar en Madrid con la finalidad de convertirse en un referente para el sector ecológico en España y Portugal, que pone de manifiesto la gran importancia de esta región en la escena ecológica internacional. La feria reúne a cientos de expositores y marcas ecológicas de industrias agroalimentarias de diversos sectores.

El primer año de celebración de esta feria fue 2019, con una gran acogida por parte de expositores y visitantes, por lo que, dada la importancia de la producción ecológica en nuestra región es preciso promover la participación de los operadores de Castilla-La Mancha.

Con el fin de promover la participación de las empresas de Castilla-La Mancha en esta feria, la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural convoca ayudas para participar en ella, en virtud de la Orden de 27 de febrero de 2015, de la Consejería de Agricultura, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de mínimis, de ayudas en especie para la participación agrupada en el stand que contratará la Consejería de Agricultura para la asistencia a las ferias del sector agroalimentario.

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Las ferias son una herramienta importante de marketing.  Son un punto de encuentro entre oferta y demanda que las empresas pueden aprovechar para desarrollar parte de sus programas de promoción y comercialización: lanzar nuevos productos, reforzar la imagen de la empresa, contactar con los clientes tradicionales o buscar nuevos, desarrollar y/o afianzar canales de venta y contactos; en definitiva, generar oportunidades de negocio.

Contar con la presencia de productos agroalimentarios de Castilla-La Mancha en estos encuentros profesionales es una forma de impulsar los intercambios comerciales, estimular la competitividad de las empresas y, en resumen, mejorar el tejido comercial de las empresas agroalimentarias de la región.

Es una prioridad de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural que las empresas castellano-manchegas del sector agroalimentario incorporen a su estrategia el objetivo de la mejora de la comercialización, dando a conocer la calidad de sus productos, imprescindible para que la demanda de estos se convierta en motor de la industria agroalimentaria, a su vez que en uno de los motores de desarrollo de la Comunidad y de creación de empleo y riqueza.

Entre los objetivos en materia de promoción de los productos agroalimentarios de Castilla-La Mancha se encuentra incentivar la participación de las empresas regionales en ferias nacionales e internacionales que puedan repercutir en el beneficio del sector agroalimentario de la región. Dentro de esta política, se subvenciona la asistencia a determinadas ferias:

• World Olive Oil Exhibition
• Salón Gourmets
• Alimentaria Barcelona
• Organic Food Iberia
• Meat atraction
• Fruit Atraction

El anteproyecto de Ley se justifica en que el sector vitivinícola de Castilla-La Mancha es el sector agroalimentario más significativo de la región por sus implicaciones sociales, económicas, medioambientales, territoriales, culturales y patrimoniales.  Constituye un sector estratégico que participa en la renta de gran parte de la población agraria, del sector industrial y de la población regional en general, bien como principal fuente de ingresos o como retribuciones adicionales a otras actividades.   

El sector, en todos sus eslabones, está implicado desde hace tiempo en una transformación integral. La ampliación del panorama varietal regional, introduciendo variedades que permiten hacer productos más acordes con los gustos del mercado y el incremento de la calidad de la producción primaria, son retos asumidos ya por las/os viticultoras/es regionales, a los que se unen los de adaptación al cambio climático y el desarrollo sostenible del cultivo.  

Por su parte, el subsector industrial se encuentra inmerso en una modernización continua de los equipos y de las técnicas enológicas empleadas, cada vez más vanguardistas y con vistas en la sostenibilidad ambiental, en el incremento de la calidad de los productos protegidos bajo las figuras de calidad, en añadir valor a su producto, y en el marketing y la comercialización, cada vez con más presencia en los mercados internacionales y con productos más adaptados al consumidor final. Este esfuerzo conjunto ha de seguir produciéndose y protegiéndose para que el sector pueda continuar progresando. Al mismo tiempo, para mejorar la capacidad competitiva, la cadena alimentaria tiene que ser fuerte, estar bien estructurada y dimensionada y todos los integrantes tienen que participar de la generación de valor a lo largo de la misma. 

En febrero de 2019 se hacía público el Plan Estratégico del sector vitivinícola de Castilla-La Mancha, que analizaba la situación del sector y proponía una hoja de ruta para garantizar su futuro a medio y largo plazo. Dicho documento incluía como una recomendación transversal dotar al sector regional de una regulación moderna, efectiva y adecuada. En el texto se definían también determinados objetivos a corto, medio y largo plazo, cuya consecución debe coadyuvarse con las regulaciones recogidas en al anteproyecto de Ley.  

En cuanto al procedimiento se ha de seguir el dispuesto en el artículo 35 de la Ley 11/2003, de 25, de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, que establece que el Gobierno ejerce la iniciativa legislativa mediante Proyectos de Ley.  

Artículo 20.5 del Real Decreto 1076/2014, de 19 de diciembre, sobre asignación de derechos de régimen de pago básico de la Política Agrícola Común.

https://www.fega.es/es/ayudas-directas-y-desarrollo-rural/consulta-derechos-pago-basico

Se pretende regular un órgano de carácter colegiado, participativo y asesor, con funciones de seguimiento, consulta, asesoramiento, información y estudio en materia de precios de la cadena agroalimentaria, lo que favorecerá la transparencia y racionalidad en el proceso de formación de los precios de los alimentos, conociendo los costes de producción, y mejorando la productividad, lo que permitirá alcanzar mayores niveles de empleo y de bienestar.